En Europa, los asuntos públicos, los grupos de presión y la promoción gozan de una dudosa reputación. Europa no cuenta aún con una tradición legislativa o cultural muy arraigada en este ámbito, y la normativa existente a veces no refleja la realidad laboral de quienes se consideran "grupos de presión".

Los jóvenes de la clase

No fue hasta que se desarrolló el panorama político e institucional de la UE, principalmente en la segunda mitad de los años 20^th siglo XX, con la firma del Tratado de Maastricht en 1993, esa "abogacía" empezó a desarrollarse tal como la conocemos hoy. A medida que la UE se ampliaba, también lo hacían sus estructuras de gobierno, convirtiéndose en un sistema único y complejo de políticas y toma de decisiones.

Aunque la Comisión Europea ostenta la mayor parte del poder decisorio, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo desempeñan papeles clave en la configuración de la política de la UE. Los grupos de presión son cruciales en estos procesos de toma de decisiones.

¿Cabildeo a puerta cerrada?

Dado que las actividades de los grupos de presión se perciben a veces como opacas, muchos ciudadanos desconfían del papel que desempeñan estos grupos. "grupos de interés" y sus relaciones con los representantes políticos, por lo que no comprenden el valor de los asuntos públicos. Los asuntos públicos deben llevarse a cabo siempre bajo estrictos códigos éticos, con total transparencia y responsabilidad, ya que la representación de intereses y la participación de la sociedad civil son esenciales para la buena gobernanza, el progreso de la sociedad y la democracia.

En este sentido, la UE se ha comprometido a garantizar la transparencia a través de diferentes textos legislativos, entre ellos la creación de registros de transparencia del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE. Estos registros constituyen la herramienta esencial que promueve la transparencia como motor de un diálogo abierto entre la sociedad civil y los responsables políticos.

La transparencia sólo puede entenderse como el valor intrínseco que legitima los asuntos públicos y que, en general, potencia la participación ciudadana para mejorar la legislación y las políticas. ¿Cómo? Profundicemos en ello.

Plan europeo contra el cáncer

El Plan Europeo Vencer al Cáncer, que se puso en marcha en febrero de 2021, es una respuesta proactiva a los crecientes retos que plantea el cáncer en Europa, agravados aún más por la pandemia de COVID-19. Se trata de un ejemplo paradigmático de iniciativa de política sanitaria en la Unión Europea. Este plan, que pretende hacer frente al cáncer mediante la prevención, la detección precoz y un mejor acceso al tratamiento para mejorar la situación de los pacientes y supervivientes de cáncer, recibió más de 2.000 respuestas a su consulta pública en 2020 de un amplio abanico de agentes civiles, incluidos médicos y organizaciones de pacientes (25%). La Comisión Europea tuvo en cuenta estas respuestas para elaborar el plan definitivo que orientará las políticas de los Estados miembros en los próximos años.

Los ciudadanos perciben positivamente la participación de la sociedad civil en estos procesos de información y consulta, especialmente el papel de los médicos y las organizaciones de pacientes en ellos. Sin embargo, si preguntamos a nuestro alrededor, es posible que a estos actores no se les etiquete generalmente como "grupos de presión". Sin embargo, estos actores también representan un interés y, por lo tanto, comparten un objetivo que pretenden alcanzar a través de la promoción.

Crear confianza

La transparencia permite a los ciudadanos ver cómo y quién toma las decisiones, y cómo se asignan los recursos públicos. Además, el hecho de que sean públicos los nombres individuales, las empresas, los representantes políticos y el ámbito de actuación, entre otros detalles, no sólo refuerza el escrutinio público y la confianza, sino que también aumenta la responsabilidad de todos los participantes en el proceso. Esto garantiza que las autoridades públicas ejerzan el poder de forma responsable y permite la rendición de cuentas.

Un gobierno transparente también responde mejor a las necesidades y preocupaciones de sus ciudadanos, ajustando sus políticas o acciones en función de las reacciones del público. Esta capacidad de respuesta es crucial para mantener la legitimidad de las instituciones públicas, ya que demuestra que realmente sirven a los intereses de la población.

El reto pendiente: mejorar la comunicación

En este contexto, ¿cómo puede ampliarse y promoverse el papel de los asuntos públicos? Más allá de la transparencia, existe el reto pendiente de mejorar la percepción ciudadana del valor de los asuntos públicos en las democracias. Todos los profesionales de los asuntos públicos, los grupos de la sociedad civil y las organizaciones de defensa deben contribuir continuamente a aumentar la concienciación general y la comprensión de que esta profesión es cada vez más esencial para garantizar sociedades responsables, transparentes y democráticas.